Rebelión en las cárceles de EE. UU.: 1971 – 2021, es un fanzine que sacamos el 9 de septiembre de este año, el 50 aniversario del motín en la prisión de Attica. Donde se hace un recorrido por algunas luchas por parte de personas presas, ocurridas en diferentes cárceles de Estados Unidos, contra la esclavitud y por la abolición de las prisiones.
Más abajo compartimos un extracto del texto de Dori Toribio, sobre el oscuro negocio de las cárceles privadas.
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El oscuro negocio de las cárceles privadas en EE.UU.
Estados Unidos es el país del mundo con más gente en la cárcel. Más de un millón y medio de personas están en prisiones estatales o federales, cifra que asciende a más de dos millones si se suman las detenciones en cárceles locales, centros de menores o de inmigrantes y dependencias militares. Negrxs e hispanxs son los grupos más numerosos. Esto equivale a la cuarta parte de lxs presxs de todo el planeta, aunque Estados Unidos solo representa el 5% de la población mundial. La red de prisiones cuesta 80.000 millones de dólares al año, una tercera parte de todo el presupuesto del Departamento de Justicia. La masificación de las cárceles estadounidenses es un problema enquistado. Pero solo es la punta del iceberg.
La población carcelaria no ha dejado de aumentar en las últimas cuatro décadas. Especialmente la de las cárceles privadas. Mientras que entre 2000 y 2010 la población carcelaria general creció un 18%, el número de presxs en cárceles privadas aumentó en torno a un 80%. En 2013, el 8,4% de los presxs en Estados Unidos estaba en centros penitenciarios privados, según datos del Departamento de Justicia. Hoy la cifra es mayor. Hay 130 cárceles privadas en 30 estados del país, con 157.000 camas. Y son dos grandes empresas las que controlan el 80% del negocio: CCA (Corrections Corporation of America) y el grupo GEO. Sus beneficios en 2011 fueron de 1.700 millones de dólares y 1.600, respectivamente. Estas compañías han multiplicado un 500% sus ganancias y valor bursátil en las últimas dos décadas.
Las cifras son tan aplastantes como desconocidas. Poco se habla de las cárceles privadas en Estados Unidos. Y poco se sabe de la presión política que ejercen estas empresas, su relación con las políticas de inmigración o su papel real en las elecciones estadounidenses. Pero sí está claro cómo han llegado hasta aquí.
La privatización de los centros penitenciarios en el país comenzó en 1983, cuando Jack Massey creó la primera gran compañía carcelaria, CCA. Los gobiernos federales y estatales tenían un largo historial de contratación de servicios externos puntuales. Pero no fue hasta la década de los 80, con la consolidación de la declarada «guerra contra las drogas» del gobierno de Ronald Reagan, cuando aumentó la población carcelaria exponencialmente y surgieron los problemas de masificación y aumento de gasto público.
Las políticas criminales se expandieron, las tasas de encarcelamiento aumentaron y las empresas privadas empezaron a ver una mayor oportunidad de negocio. Sus servicios fueron aumentando hasta gestionar complejos carcelarios enteros. En 1984 por primera vez un gobierno local contrató a CCA para operar la cárcel de Hamilton County, en Tennessee. Las primeras cárceles privadas aparecieron en pequeños pueblos con las mismas reglamentaciones que las prisiones públicas y bajo la promesa de aliviar la masificación carcelaria, garantizar puestos de trabajo, abaratar costes y aumentar beneficios. Pero poco a poco los controles gubernamentales se fueron relajando y las cárceles privadas se multiplicaron.
La industria de las prisiones privadas surgió en Estados Unidos en la década de los 80, pero no fueron diseñadas por expertos de justicia criminal con las mejores prácticas, sino por empresarios que ven en ella un negocio muy lucrativo, es un negocio que agrava el problema penitenciario. Las grandes corporaciones de cárceles privadas insisten en la responsabilidad social y humana de su gestión. Prometen instalaciones seguras, programas de reducción de la reincidencia y transparencia en los contratos con los gobiernos locales. Y aseguran que hacen un mejor trabajo, por menos dinero, regalando un importante ahorro a lxs contribuyentes. El último informe de In the Public Interest (ITPI) asegura que, después de estudiar la letra pequeña de 62 contratos de empresas de prisiones privadas con gobiernos locales, han llegado a la conclusión de que el 65% contiene cláusulas que obligan al estado a garantizar una ocupación mínima del 80-100% de las camas, aunque la tasa de criminalidad disminuya. Los porcentajes varían dependiendo del estado y el tipo de acuerdo sellado. Los estados les garantizan una población carcelaria mínima, independientemente de la tasa de crimen. Y lo hacen porque estas compañías cobran entre 45 y 60 dólares diarios por cada presx.
La mitad de lxs inmigrantes detenidxs en Estados Unidos termina en cárceles privadas y la Agencia de Migración y Aduanas (ICE) tiene contratos millonarios con estas empresas. CCA y GEO han más que duplicado sus ingresos relacionados con la detención de inmigrantes desde 2005.
Dori Toribio