Traducimos del catalán el siguiente texto, escrito por Ester Fayos y publicado en la página de la Directa.

14-10-2021

La agresión contra un interno de la prisión de Villena (Alto Vinalopó) por parte de tres funcionarios reabre el debate sobre el corporativismo por parte del funcionariado penitenciario y las dificultades a las que se enfrenta la población reclusa y sus familias para denunciar posibles vulneraciones de derechos. Los obstáculos van desde el miedo hasta las amenazas y la intensificación de las torturas para proteger los intereses, los privilegios y los discursos del funcionariado de prisiones.

El pasado 16 de agosto, la prensa se hizo eco de la presunta agresión de un preso con problemas de salud mental a tres funcionarios de la prisión de Villena (Alto Vinalopó) que, según denunció el sindicato Tu abandono me puede matar, acabaron en el hospital con «diversas lesiones en los ojos, la frente, los pómulos y el antebrazo». Las imágenes grabadas por las cámaras, reveladas unas semanas más tarde, mostraron una secuencia de los hechos completamente diferente: los funcionarios esperaban que el interno saliera de su celda para reducirlo, en menos de un minuto, con una cincuentena de porrazos y puñetazos ininterrumpidos, que continuaron cuando el preso se encontraba ya inmovilizado por los tres agresores, quien incluso le pisaron las piernas y el pecho. Después de dos minutos y medio, llegaron cuatro carceleros más, los golpes cesaron y el interno fue trasladado por el pasillo.

Nada más producirse la agresión y difundirse la versión de los agresores, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias inició una investigación y presentó una denuncia en el juzgado de guardia de Villena. Días más tarde, la subdirectora de la prisión, como responsable de las imágenes que graban los circuitos de seguridad, envió al juzgado el vídeo que desmontaba el relato oficial y, por tanto, obligaba a reconducir el expediente abierto a favor del interno. Entonces, comenzaron a perpetrarse una serie de amenazas contra la subdirectora para evitar su comparecencia. «Te quitaremos la vida por perra» o «Sabemos que tienes las imágenes, bórralas o atente a las consecuencias» fueron algunos de los mensajes que recibió por WhatsApp. Veinticuatro horas antes de declarar, las amenazas se intensificaron. La funcionaria fue atacada en la puerta de su domicilio por cinco o seis encapuchados. «Mañana, calladita», le advirtieron mientras tres de los agresores la sujetaban y otro le propinaba dos golpes fuertes en la cara. Lejos de asustarse, denunció la agresión y, al día siguiente, declaró contra los tres funcionarios de Villena, que han sido expedientados.

Pese a la existencia de pruebas audiovisuales y la gran repercusión mediática del caso, en un comunicado publicado en su perfil de Facebook, el sindicato Tu abandono me puede matar, considera que «el único objetivo» de la supuesta criminalización de los funcionarios es «evitar la movilización de las plantillas para pedir la justa equiparación salarial». Incluso, en las últimas semanas, a través del despacho de abogadas Sánchez Navarro -que también representa al sindicato Jupol de la Policía Nacional española-, han presentado una denuncia ante el juzgado penal y la Agencia Española de Protección de Datos ( AEPD) contra los medios de comunicación que emitieron el vídeo por un presunto delito de revelación de secretos y filtración de imágenes.

Se trata de un caso paradigmático que ha permitido reabrir el debate sobre el modus operandi del funcionariado carcelario a la hora de defender a capa y espada sus intereses, así como la tendencia a negar siempre presuntos episodios de tortura y maltrato en las cárceles. Imágenes tan violentas en el ámbito penitenciario no habían trascendido a la opinión pública hasta el momento. Sin embargo, para los grupos de apoyo a las presas y las organizaciones dedicadas a la defensa de sus derechos, no son un caso aislado. «Existe un régimen de castigo que destruye física y mentalmente a quien lo sufre, y lo que también es muy preocupante son los obstáculos y dificultades para denunciarlo», remachan desde el grupo de apoyo a personas presas Tokata. La Coordinadora estatal para la Prevención y la Denuncia de la Tortura, en catorce años, ha registrado un total de 9.085 víctimas de agresiones, torturas y malos tratos en España. Sin embargo, advierten que sus informes anuales sólo recogen las denuncias que «han llegado a nuestro conocimiento y hemos podido contrastar». Y es que en esta ocasión existían unas imágenes que corroboraban el testimonio del interno, pero, tal y como explica Alejandro Forero, doctor en Derecho Constitucional y Ciencia Política y miembro del  Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) de la Universidad de Barcelona, ​​la mayoría de episodios «ni se pueden denunciar ni se conocen».

La historia de Marta García, miembro de Families de Presos de Catalunya, es uno de los tantos casos de maltrato físico y psicológico que ocurren dentro de los centros penitenciarios y no llegan a judicializarse. Acusada de un delito de narcotráfico, Garcia estuvo ocho años y medio privada de libertad. Los tres primeros años los pasó en el centro de mujeres de Barcelona, Wad-Ras, donde recuerda el «menosprecio verbal» de algunas funcionarias hacia internas con problemas de salud mental, las negligencias médicas y un caso de maltrato físico: «un funcionario jefe, inmenso como un armario, redujo a la fuerza una compañera y le puso el pie en la boca». El resto de la condena la cumplió en Brians I, centro penitenciario que describe como «un lugar horroroso y denigrante».

Desde que puso el primer pie se dio cuenta de los patrones de agresiones y torturas que se reproducen en la cárcel de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) -ratificados por un informe del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa. «Sólo entrar quise saludar a una compañera, pero, al cabo de un segundo, vino una funcionaria, me agarró del cuello, me arrinconó en la pared y me dijo: «¿Qué coño haces aquí?», cuenta. Este sería el primero de muchos episodios de malos tratos que sufriría o presenciaría en Brians I. Estar hasta más de cinco años en una celda de aislamiento -por norma general, la ley penitenciaria establece que el aislamiento en celda no puede exceder los catorce días-, recibió acusaciones falsas que derivan en persecuciones y castigos, así como amenazas y abusos físicos y psicológicos de manera continua -como prohibirlas ir al baño hasta que se mean encima- o las violaciones de mujeres en privación de libertad son algunas de las vulneraciones de derechos en Brians I que denuncia Garcia a la Directa en una conversación telefónica.

Ella misma, según relata, sobrevivió a una violación por parte de dos carceleros del centro y un jefe de unidad de la prisión en una celda de aislamiento. «Lo que me ha pasado a mí sé que le ha pasado a otras compañeras. Algunas lo han podido demostrar, pero no se les ha hecho caso, y otras ni siquiera lo pueden demostrar», lamenta García, quien desde que salió de la cárcel está moviendo cielo y tierra para que se investiguen los hechos y se impute a los tres funcionarios, una tarea que no está siendo nada fácil por la falta de pruebas: «Las cámaras que debían orientar hacia el lugar, teóricamente, no funcionaban».

La inadmisión de pruebas como las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, su desaparición, que la agresión, curiosamente, se produzca en una zona sin cámaras, la inexactitud o manipulación de los informes médicos, que muchas veces ni siquiera llegan a conocimiento de los juzgados; o la presunción de veracidad de los funcionarios, son prácticas «muy habituales en las prisiones del Estado español que dificultan la continuación del procedimiento», expone Forero, quien subraya que en la mayoría de ocasiones los procedimientos se inadmiten o archivan sin realizar ningún tipo de diligencia más allá de preguntar al personal funcionario denunciado. «Si en el caso de Villena, los funcionarios lo han negado, imagínate, cuando no se tienen imágenes», espeta.

Es lo que también le ocurrió a Ivan Arcas, quien estuvo dos décadas privado de libertad en cuatro prisiones diferentes, la antigua cárcel de Model de Barcelona, ​​Quatre Camins, en La Roca del Vallés (Vallés Oriental); la cárcel de Ponent en Lleida y, por último, a Brians II. «He sufrido torturas, palizas, puñetazos … y lo intenté denunciar, pero no admitieron las imágenes de las cámaras», relata. «Las cámaras -continúa- sólo valen cuando realmente el interno tiene la culpa. Si el funcionario es el responsable, hacen todo lo posible para que pase el tiempo, para hacer desaparecer las pruebas, para pegarte en puntos ciegos, presionarte o manipular los testigos». Se incumplen así los estipulados del mismo Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), dependiente del Defensor del Pueblo, que establece que «es obligación de los responsables de los centros de privación de libertad remitir toda la información disponible cuando se tenga conocimiento de un hecho presuntamente delictivo, así como favorecer y facilitar cualquier tipo de investigación».

Negar y encubrir las torturas

Las trabas para denunciar cualquier tipo de abuso de las autoridades carcelarias, según explican desde el colectivo Tokata, empiezan desde la misma negación de la violencia institucional por parte de los responsables políticos y las administraciones públicas. Hace aproximadamente un año, el ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska, en respuesta a una pregunta del senador de Navarra Koldo Martínez, de la coalición Geroa Bai, afirmaba que desde 1978 la tortura «no ha sido una práctica habitual», «incompatible con toda democracia». El Estado español, sin embargo, ha sido condenado en hasta diez ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debido a violar el artículo número tres del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe los tratos inhumanos o degradantes. La última vez, en el caso de Portu Juanenea y Sarasola Yarzábal, torturados y maltratados en su detención y custodia por miembros de la Guardia Civil, el Tribunal dio un paso más allá y afirmó que el Estado violó el artículo tres en su vertiente procesal -no investigar de manera exhaustiva una denuncia de torturas- y material, es decir, que el maltrato se produjo. El juez de la Audiencia Nacional que no había investigado esta denuncia era, precisamente, Marlaska, quien, según un análisis de Forero publicada en la Revista Crítica Penal y Poder, en hasta cinco ocasiones «no investigó o no aplicó protocolos garantistas para evitar los malos tratos».

A la dificultad de obtener pruebas o testimonios y la negación de los abusos por parte de las instituciones se suma el hecho de estar en un espacio donde prima el miedo a denunciar, la falta de confianza en obtener justicia y el encubrimiento entre el funcionariado. Según considera Forero, el discurso que se difunde sobre el sistema penitenciario es «esquizofrénico» y «bipolar». Por un lado, «sacan pecho defendiendo que tenemos las cárceles más democráticas del mundo» y por otro, «hay todo un corporativismo encubriendo y presionando para controlar lo que se dice». Tanto García como Arques lo han vivido en primera persona. «He visto como un funcionario pegaba una mujer delante de otro, que ha dado la vuelta o se ha quedado mirando sin decir nada. O a mí, una funcionaria me dijo que no me podía ayudar porque esto supondría perder su puesto de trabajo», cuenta García. En el caso de Arques, según relata, un grupo de funcionarios le golpearon, pero prevaleció la versión de los carceleros, que le acusaron de salir de su celda con una cuchilla. «Todos se encubrieron y contaron la misma versión», concluye.

Una historia similar se repite en la cárcel de Quatre Camins, donde el interno Manuel Marín interpuso una denuncia por un presunto delito de agresión sexual con la agravante de violencia e intimidación por parte de varios funcionarios. La respuesta del centro, según denuncia el mismo preso en una carta, fue diagnosticarlo de una enfermedad mental y trasladarlo al departamento especial de régimen cerrado (DERT) de Brians I, donde los internos están encerrados en una celda durante 21 horas al día y sólo pueden salir al patio una sola vez. Las expertas afirman que este régimen puede generar daños psicológicos irreversibles a partir del decimocuarto día, lo que provoca que la tasa de suicidios en los DERT sea tres veces superior al régimen ordinario. «Nunca hemos sabido nada de los informes psiquiátricos correspondientes. Sólo sabemos lo que nos dice, que le torturan, le pegan y le roban el dinero», asegura su hermana, Carmen Marín, quien se encuentra a la espera de saber si archivan o no la denuncia. En la misiva, Manuel Marín también insiste en la falta de transparencia y el encubrimiento con que «está actuando la directiva del centro». «Los funcionarios están acostumbrados a torturar y entregar la población reclusa muerta, dando por hecho que ha sido un suicidio, cuando la realidad que estoy viviendo es diferente», concluye.

Amenazas y presiones para proteger el sistema

Cuando la denuncia sigue adelante, según exponen desde el colectivo Tokata, la respuesta de la Administración suele ser el traslado de la persona interna en un centro penitenciario de otra comunidad autónoma para dificultar las visitas familiares, endurecer las condiciones en prisión, interponer contradenuncias por resistencia a la autoridad o agresión al funcionariado, que pueden terminar con la condena de la víctima; o incluso, criminalizar y amenazar las defensoras de los derechos humanos o las familias. «Todo forma parte de un modus operandi para proteger y defender los intereses del sistema penitenciario», remachan desde Tokata, quien pone el ejemplo de Iñaki Rivera, profesor de derecho penal y director del OSPDH, malos tratos y vejaciones a centros penitenciarios le costó tres denuncias por parte de tres sindicatos del funcionariado de prisiones (CCOO, CSIF y ACAIP).

Lidia Gómez, miembro de Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, ha vivido las represalias de batallar contra el sistema penitenciario. Tiene un hijo que está privado de libertad desde hace más de diez años. Ha pasado por diferentes centros penitenciarios del Estado español y actualmente se encuentra interno en la prisión de Villena. Del centro de Picassent (Valencia Sur), le trasladaron a Castellón II, en Albocàsser (Alto Maestrat) y luego a la prisión de Aranjuez, donde fue torturado por primera vez. Automáticamente, según cuenta su madre, le impidieron el acceso a las visitas, a su abogada y al médico forense, y le trasladaron al centro penitenciario de Asturias. «No querían que lo vieran sin haberse recuperado», recuerda. Por este caso, que finalmente se ha resuelto a favor de la víctima con una compensación económica, aunque los agresores no han sido destituidos, ha recibido amenazas telefónicas: «Me he sentido coaccionada, amenazada y humillada. Tuve que poner cámaras en casa y la urbanización donde vivo para sentirme más tranquila».

Las torturas se intensificaron en el centro penitenciario Puerto II de Cádiz, donde su hijo llegó antes de que lo devolvieran a Picassent y donde ha estado seis años en una celda de aislamiento, a pesar de estar diagnosticado de esquizofrenia. «Mi hijo estuvo 45 días sin poder dormir. Entraban con mangueras de agua fría, lo sacaban expuesto de su celda y le golpeaban la cabeza. Pedí verlo, pero no me dejaron», crítica. Gómez entiende el miedo a denunciar por las represalias que pueden derivarse contra la familia y el mismo interno, pero, aun así, hace un llamamiento a la «lucha constante». «Tal vez a mi hijo le pueda costar la vida, pero si esta vida salva otras, lo lloraré siempre, pero habrá valido la pena», apostilla.

Las prácticas mafiosas y amenazas también tienen lugar dentro de las paredes de la prisión. Arques terminó retirando la denuncia tras recibir presiones y amenazas que consistían en la retirada de los permisos de salida, mientras que García intentó denunciar al Síndic de Greuges el maltrato físico y psicológico que estaba sufriendo a través del envío de tres cartas, que nunca llegaron a su destino. «Registraron una compañera y le cogieron todas las cartas. No había manera de comunicarnos con el exterior», asegura. Y continúa: «Si lo hubiera denunciado públicamente, hubiera muerto de sobredosis. No era tan extraño. El día de mi cumpleaños me llevaron un pastel, lo que estaba totalmente prohibido. A saber qué llevaba!». La sobredosis es, de hecho, la segunda causa de muerte en las cárceles.

Existe una última circunstancia -que también se ha podido observar en el caso de Villena- que agrava aún más la criminalización que sufre la población reclusa y sus familias cuando deciden denunciar una agresión: «la peligrosidad asociada a la población reclusa, dada por medios de comunicación […] y capitaneada por los partidos de extrema derecha, como VOX, y sindicatos de policía, como JUSAPOL». Esta es la reflexión argumentada por Jose Navarro Pardo, especializado en Criminología, Política Criminal y Sociología Jurídico-Penal, en su trabajo Sindicalismo penitenciario en Cataluña y España. Análisis genealógica de los discursos y corrientes desde una perspectiva de la memoria.

La estrategia que siguen estas organizaciones y los sindicatos del funcionariado de prisiones, como las secciones del CSIF, CCOO, UGT, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarios (ACAIP), la Asociación Marea Azul Prisiones o Tu abandono me puede matar -formado por una escisión del sector duro que encabezó la privatización de los servicios mínimos en las cárceles-, consiste en centrar su discurso en la supuesta necesidad de «dignificación de su profesión» y utilizar las redes sociales como canal de criminalización y como «monopolio del registro de supuestos incidentes, en los que incluyen imágenes de las lesiones sufridas por el funcionariado, pero sin nunca hacer referencia a las consecuencias físicas y jurídicas que sufre la población interna», analiza Navarro, quien recuerda que el tono alarmista que emplean es lo que les permite dar el salto a los medios de comunicación. Como consecuencia, el experto advierte que los partidos de derecha y extrema derecha se hacen eco de su discurso.

En esta línea, Forero recuerda los orígenes franquistas de los sindicatos de prisiones: «Vienen de lo peor del franquismo y la ultraderecha». Y pone un ejemplo: «UGT, sindicato democrático, intentó neutralizar un sector del sindicalismo catalán penitenciario franquista, pero estos terminaron controlando UGT Prisiones». Tanto el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos como los colectivos que trabajan con familiares, amistades y ex reclusas comparten esta mirada crítica y denuncian la falta de depuración en el funcionariado penitenciario durante la Transición, así como la falta de cultura democrática a España y dentro de las prisiones, con un predominio absoluto de las actitudes corporativistas y autoritarias.