Recibido por correo

Cuando un compañero es prisionero del enemigo, como Alfredo o l@s que el Estado llama «irreductibles» porque  permanecieron en el campo de la lucha de clases en lugar de ceder a la disociación y al arrepentimiento, la tarea de todo revolucionario no es cuestionar a qué estructura pertenece, qué prácticas ha llevado a cabo y mucho menos discutir su inocencia o  culpabilidad; sólo pensar en ello significa ponerse en el nivel de la ley burguesa, significa aceptar las categorías de la dominación capitalista. La tarea de todo comunista es la solidaridad incondicional con todo camarada, todo proletario, con los que luchan por el derrocamiento de este sistema podrido.

¡Solidaridad incondicional con el compañero anarquista Alfredo Cospito!

¡Solidaridad incondicional con tod@s l@s compañer@s y proletari@s en
manos del enemigo de clase!

¡Honor a tod@s l@s compañer@s caíd@s luchando y/o peleando contra el Estado y el Capital!

Clase contra clase

Comité Viterbo Lotta

+ info:
https://anarquia.info/italia-contra-el-41-bis-solidaridad-revolucionaria-con-el-anarquista-alfredo-cospito/

Recibido por correo

05-05-2022

Ayer por la tarde-noche salió en libertad Ermann, y hoy saldrá Emanuele.
Los chicos han decidido pagar las fianzas junto con la ayuda de las
cajas de solidaridad, los compañeros, los amigos y familiares.

Solo restan pagar las fianzas de Danilo, Albo y Beppe (el último
encarcelado).
Danilo ha decidido salir después del 3 de Junio, porqué no quiere perder
los exámenes de la universidad, Albo se queda con él esperándolo en el
mismo módulo.

Esperamos que la solidaridad llene las cajas con el dinero que falta
para liberarlos.

Nos vemos en las calles!!!

Concentración en recuerdo y homenaje a K.D., chaval menor de edad, muerto violentamente en el Centro de Menores Zambrana de Valladolid, el pasado 3 de marzo de 2022

La concentración será el próximos sábado 9 de abril, a las 12:30, en el Paseo Juan Carlos Iº, a la altura de la antigua entrada de Zambrana, hoy abandonada.

UN NIÑO MUERTO VIOLENTAMENTE EN ZAMBRANA

Fue el pasado 3 de marzo después de que el personal de seguridad “lo redujese” provocándole “supuestamente” un fallo cardiaco que acabó con su vida. Todo supuestamente, porque rápidamente han dado carpetazo al asunto: la autopsia apuntó que la edad del menor no era de 14 si no de 17, pero no hemos sabido nada más sobre su muerte y las circunstancias más que sospechosas por la “contención” a la que fue sometido.

Según la Junta el niño permanecía en el Centro Zambrana desde el pasado 25 de enero de 2022, tras llegar solo a Valladolid procedente de Suiza, donde había sido sometido a una cirugía abdominal. Que un niño menor de edad estuviese solo en este mundo hace necesaria su protección, pero él acabó encontrando la muerte de parte de quienes se supone que debían cuidarlo y protegerlo.

En la prensa de estos días hemos podido constatar la poca vergüenza y total falta de empatía de la responsable de la Junta recalcando una y otra vez el supuesto comportamiento agresivo del niño en los meses que ha estado en el centro. Tanta insistencia nos hace preguntarnos por qué es necesaria tanta justificación en la actuación del personal de seguridad, adelantándose incluso a las distintas investigaciones que de esta muerte deberían realizarse y otorgando total impunidad a este gravísimo hecho.

A este chaval se le aplicaron “medidas de contención física y mecánica”, lo que quiere decir que dos personas adultas, de mayor edad, mayor peso y seguramente mayor envergadura aplicaron su fuerza física sobre él y además usaron esposas para supuestamente “reducirlo”. Tampoco sabemos qué más contempla “su protocolo de contención” pero lo que está claro es que esto solo puede llamarse violencia y las consecuencias de sus actos es el asesinato de un niño. Incluso la ley de protección a la infancia recoge de forma expresa la prohibición de la contención mecánica, así que es totalmente injustificable: ¡No podemos permitir que esta muerte quede impune!

No es el primer niño que muere en un centro-cárcel de menores. Un sangrante goteo de niños y niñas ha muerto en los últimos 20 años. No hay datos oficiales porque no interesa que existan, pero no olvidemos que son niños bajo la tutela del estado y por tanto es responsabilidad de todos procurar su bienestar y sobre todo que sigan con vida después de estar encarcelados.

Es complejo analizar y explicar la situación en la que se encuentran estos niños: El sistema capitalista genera grandes desigualdades y hace negocio con la pobreza que crea; el endurecimiento de la ley penal, la privatización de la gestión de los centros donde grandes empresas como grupo Norte, Fundación O´Belen, Ginso, etc., ganan millones de euros en un negocio redondo donde poco importa el “interés superior del menor”, y una sociedad cada vez más punitiva y alejada del sufrimiento que este sistema provoca, hacen parecer que la muerte de un niño sea un daño colateral.

¡Que no se nos disloque el cuello de tanto mirar hacia otro lado! Si justificamos la violencia institucional, si justificamos la  muerte de un niño, si justificamos la impunidad con la que estos centros actúan…. ¿Cuántos niños más tendrán que morir? ¿Cómo protegeremos a nuestros niños?

Una vez más comprobamos que en las cárceles de menores el supuesto carácter educativo y de reinserción es una falacia. Castigo, sometimiento, violencia y, como en esta ocasión, la muerte, es lo que sufren los niños y niñas que deberíamos educar y proteger.

NO MÁS NIÑOS ASESINADOS EN CENTROS DE MENORES

ZAMBRANA = CÁRCEL

Valladolor

Recibido por correo

El pasado domingo 27 de febrero, nuestro amigo Libre Flot decidió iniciar una huelga de hambre mientras sigue encerrado y en régimen de aislamiento en la prisión de Bois d’Arcy.

El veterano de Rojava Libre Flot acusa a las autoridades de incriminarlo por su participación en la guerra contra ISIS.

El 8 de diciembre de 2020, 9 anarquistas fueron arrestados por la DGSI, la unidad de policía antiterrorista francesa, en varios lugares de Francia. Han sido acusados ​​de participar en “una asociación criminal que planeó un ataque terrorista”.

Desde entonces, todos menos uno han sido puestos en libertad (dos sin cargos), algunos tras meses en prisión preventiva. Están en espera de juicio y están bajo control judicial. Los acusados, de los cuales no todos se conocen, han estado bajo vigilancia durante un largo período de tiempo, incluida la vigilancia digital, como con la colocación de dispositivos de escuchas en los vehículos, así como la vigilancia física.

El que todavía está encarcelado en espera de juicio, Libre Flot, se encuentra en régimen de aislamiento con acceso limitado a los visitantes. La razón oficial que se da para justificar su detención continua en tales condiciones mientras todos los demás acusados ​​han sido puestos en libertad, es que las autoridades y el tribunal lo identifican como el líder del “grupo”.

A principios de febrero, un juez denegó la apelación de Libre Flot para ser liberado antes del juicio.

Su carta a continuación es el anuncio del comienzo de su lucha en huelga de hambre.

¿Por qué estoy en huelga de hambre?

Durante hace más de 14 meses he desmentido esta infame y difamatoria acusación de asociación criminal terrorista.

Han pasado más de 14 meses desde que la DGSI me explicó que no me arrestaron por lo que querían que creyera, es decir, mi participación en las fuerzas kurdas contra el Daesh (Estado Islámico) en Rojava.

Hace más de 14 meses que nada valida la tesis elaborada desde cero por la DGSI a pesar de que durante al menos 10 meses fui seguido, rastreado, bajo escucha las 24 horas en mi vehículo, mi lugar de vida, espiado incluso en mi cama.

Durante más de 14 meses he entendido que son mis opiniones políticas y mi participación en las fuerzas kurdas YPG en la lucha contra Daesh lo que están tratando de criminalizar.

Desde hace más de 14 meses que 7 personas que no se conocen son acusadas de formar parte de una asociación delictiva.

Han sido más de 14 meses respondiendo preguntas de un juez de instrucción utilizando las mismas técnicas tortuosas de la DGSI: manipulación, descontextualización, omisión e invención de palabras y hechos en un intento de influir en las respuestas.

Durante más de 14 meses he sido objeto de las provocaciones de este mismo juez de instrucción que, mientras languidezco en las cárceles de la República, se permite decirme que este caso es una pérdida de tiempo en la lucha contra el terrorismo. Peor aún, se permite el insulto más inaceptable al referirse a los bárbaros del Estado Islámico como mis “amigos del Daesh”. Aunque verbal, esto sigue siendo un acto de violencia sin precedentes. Es inadmisible que este juez se otorgue el derecho de insultarme en el más alto grado, intente difamarme y, por lo tanto, escupa en la memoria de mis amigos y camaradas kurdos, árabes, asirios, turcomanos, armenios y turcos e internacionales que han caído en la lucha contra esta organización. Todavía sigo indignado por esto.

Han sido más de 14 meses de una investigación donde, contrario a su función, el juez de instrucción investiga sólo para la acusación y nunca para la defensa. No toma en consideración nada que vaya más allá del escenario preestablecido y solo sirve para validar una falsa personalidad moldeada de la A a la Z por la DGSI, que lejos de representarme solo refleja las fantasías paranoicas de esta policía política. Por lo tanto, se me presenta constantemente como un “líder carismático” a pesar de que cualquier modo de funcionamiento no horizontal es contrario a mis valores igualitarios.

Hace más de 14 meses que me han impuesto la llamada prisión preventiva sin juicio, en las condiciones más terribles posibles: el régimen de aislamiento (ver cartas de marzo de 2021 y junio de 2021) considerado como “tortura blanca” y trato inhumano o degradante por parte de varios organismos de derechos humanos.

Hace más de 14 meses que estoy sepultado viviendo en una soledad infernal y permanente sin tener con quien hablar, solo pudiendo contemplar la decadencia de mis capacidades intelectuales y el deterioro de mi estado físico y esto, sin tener acceso a un seguimiento psicológico.

Luego de haber proporcionado a la administración penitenciaria, con aires falsamente neutrales, argumentos falaces para garantizar mi reclusión en régimen de aislamiento, el juez de instrucción solicitó que se rechazara mi solicitud de libertad, al igual que la fiscalía nacional antiterrorista. Para ello casi copiaron y pegaron el informe de la DGSI del 7 de febrero de 2020, base de todo este asunto, cuya veracidad no ha sido demostrada y del que no sabemos de dónde proviene la información. Uno tiene derecho a preguntarse cuál fue el sentido de las escuchas telefónicas, vigilancia, grabaciones de audios y estos dos años de investigación e instrucción judicial, ya que se ocultan los hechos que demuestran la falsa construcción de la DGSI.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) y el juez de instrucción están constantemente tratando de infundir confusión y crear una amalgama con terroristas islamistas, a pesar de que saben muy bien que luché contra el Estado Islámico, en particular durante la liberación de Raqqa, donde se habían planeado los ataques del 13 de noviembre.

El juez de instrucción afirma temer que informe a personas imaginarias de mi situación, aunque sea pública, en particular porque la DGSI o la propia PNAT filtraron la información desde el primer día. Pretende así evitar cualquier tipo de presión sobre los testigos, las víctimas y sus familias aun cuando no haya testigos ni víctimas ya que no hay acto. Es ubicuo. También se menciona su temor a una consulta entre los coacusados ​​y cómplices, aunque todos los coacusados ​​​​hayan sido liberados, que no ha interrogado a nadie más que a mí desde octubre de 2021, y que esperé pacientemente a que terminara de interrogarme para presentar esta solicitud de liberación.

Podría haber sido cómico en otras circunstancias señalar el uso de hechos anodinos como: disfrutar de mi derecho a moverme libremente en Francia y Europa, mi forma de vida, mis opiniones políticas, mis prácticas deportivas, de mis gustos por el rap comprometido o música kurda.

El juez de instrucción ataca a mi madre al señalarla como garantía no válida por la sencilla razón de que no impidió que su hijo, que entonces tenía 33 años, se uniera a las fuerzas kurdas de las YPG en la lucha contra Daesh. Una vez más, es mi participación en este conflicto la que está siendo criminalizada. También critica el uso de aplicaciones encriptadas (WhatsApp, Signal, Telegram…) que utilizan millones de personas en Francia. Finalmente, denigra todas las demás opciones de garantías (trabajo, domicilio…) sin tener nada que reprocharles a pesar de que el personal del SPIP (Servicios de Integración Penitenciaria y Libertad Vigilada) a cuyo cargo me encuentro, ha dado una opinión favorable.

¿Cómo entender entonces que después de haber ordenado estas investigaciones de viabilidad que señalan la posibilidad de liberarme con un brazalete electrónico, el juez de libertades y detención, a pesar del informe, se niega a ponerlo en marcha? Muchos notamos que en todo este asunto, la “justicia” viola sus propias leyes y está sujeta a la agenda política de la DGSI.

Recientemente supe por boca del director de detenciones de la prisión de Yvelines (Bois d’Arcy), a quien agradezco la franqueza, que mi colocación y mi mantenimiento en régimen de aislamiento habían sido decididos desde el primer día por personas de muy alto rango y que diga lo que yo diga o él diga o haga, nada importará, se le escapa, ni siquiera se leerá el expediente y me quedaré en el área de aislamiento y que de todos modos nada podría cambiar antes de las elecciones presidenciales.

– Dado que están tratando de criminalizar a los activistas que lucharon con los kurdos contra Daesh.

– Dado que la llamada prisión preventiva se utiliza para castigar
opiniones políticas.

– Dado que esta historia solo existe con fines de manipulación política.

– Ya que hoy me queda como perspectiva solo la lenta destrucción de mi ser.

Me declaro en huelga de hambre desde el domingo 27 de febrero de 2022 a las 18h, actualmente solo reclamo mi liberación a la espera de demostrar el lado difamatorio de esta vergonzosa acusación.

Libre Flot – 28 de febrero

Porque nuestro amigo Libre Flot lleva más de 14 meses languideciendo en confinamiento solitario y ha optado por contraatacar con una huelga de hambre, no lo dejemos solo en este sucio juego político. ¡Ahora es el momento de mostrar nuestro apoyo, difundiendo nuestra palabra y por todos los medios posibles!

¡No vamos a esperar, sin reacciones, a que terminen las elecciones para que por fin lo suelten!

Puedes escribirle a través de los comités de apoyo locales:

Comité 812 Toulouse: Ruta Bis
22 rue Périole
31500 Toulouse

PumBat
34 rue Brouardel
31200 Toulouse

Comité 812 Rennes: CNT 35
BP 30423
35004 RENNES Cedex

Comité 812 París: LAP
393 rue de Vaugirard
75015 PARIS

Para mantenerse informado:
https://soutienauxinculpeesdu8decembre.noblogs.org/

Para unirnos a sus seguidores y mantenernos informados de las
iniciativas locales:
let us dance [at] riseup [point] net
https://soutienauxinculpeesdu8decembre.noblogs.org

Mira también:
https://freedomnews.org.uk/2022/02/28/france-anarchist-political-prisoner-begins-hunger-strike/

Con este comunicado queremos informar sobre la situación jurídica actual que sigue impidiendo la liberación de nuestro compañero anarquista, pese a que hayan pasado 2 años desde su arresto (recordamos ilegal). Se hace evidente la voluntad de lxs verdugxs con toga de seguir secuestrando a Gabriel. Con cualquier medio que sus poderes (casi) ilimitados les permiten, abusan demostrando su voluntad de seguir convirtiendo el tiempo en arma.

La tristeza del mensaje jurídico (que usamos de manera sintética y fría) se convierte en fuerza sabiendo que nuestro compañero se encuentra muy bien de salud y de ánimo, pese a esta situación, y pese a los tratos discriminatorios que está sufriendo desde hace meses tras haber rechazado la “vacuna” anti-Covid (no le permiten tener vis-a-vis y puede recibir visitas exclusivamente por locutorio). Como siempre está invirtiendo su tiempo (en sus manos como en la nuestras también el tiempo se puede convertir en arma) leyendo libros, recibiendo y escribiendo cartas, dedicándose a traducciones y a ejercicios físicos y a proyectos de libertad que esperamos puedan materializarse cuanto antes. -Ha sido anulada retroactivamente la intervención de las comunicaciones (antes del verano pasado la Audiencia Provincial, con sentencia firme, estableció la “no peligrosidad del interno”). En respuesta la cárcel se vengó denegando el segundo permiso por “pertenencia a bandas armadas” (el recurso ha sido desestimado con la excusa de la “lejanía de la fecha de cumplimiento” -noviembre del 2030-, sin entrar en el asunto de la injustificada y falsa acusación de “bandas armadas”… ¡fíjense en el plural!. Hasta que no se modifique esa fecha de cumplimiento no es posible pedir otro permiso. – La respuesta del tribunal supremo relativa a la posibilidad de refundición a 20 años hubiera tenido que llegar el otoño pasado, pero la procuradora responsable de la tramitación del recurso no lo tramitó, haciéndonos perder 6 meses (cloacas jurídicas de estado parte 1). El mismo tribunal volvió a admitir el recurso y hay que volver a computar otros 5 o 6 meses mínimo de espera.

– Durante todos estos meses la jueza Alcázar Navarro del Juzgado numero 2 de Girona nunca contestó a la petición relativa al Código Penal que se aplica a Gabriel pese a la evidencia de que se le esté aplicando el del 1973 (de otro modo no le hubieran aplicado redenciones). A final de septiembre la jueza Navarro pasó su trabajo a la jueza Fontana Rodríguez De Acuña que, demostrando seguir la misma linea de su colega (dilatar los tiempos sabiendo que tenemos la razón), nos obligó a presentar queja al Consejo General del Poder Judicial que, finalmente, acogió la misma e indujo el tribunal de Girona a contestarnos. La susodicha jueza ha negado la acusación de “dilación indebida” y “abuso judicial” dado que “se trata de un tribunal con mucho trabajo” y que “al señor Pombo no le se ha supuesto ningún daño”. Esta respuesta nos legitimó a recurrir al Tribunal Supremo ganando uno de nuestros objetivos: quitar de una vez el poder de decisión al Juzgado numero 2 de Girona. Hay que esperar 4/6 meses para que el Tribunal Supremo se pronuncie definitivamente con respecto al código penal que se aplica a Gabriel.

– Seguimos a la espera de que reconozcan a nuestro compañero todas las redenciones que faltan para luego darle la libertad por cumplimiento. Esperando el día en que por fin se pueda leer negro sobre blanco que el código penal aplicado es el de 1973, nos hemos adelantado pidiendo al Juez de Vigilancia Penitenciaria de León parte de la respectiva documentación… en respuesta llegó la documentación “equivocada” relativa a las redenciones que ya fueron reconocidas el año pasado. Ese “error de despacho” (cloacas jurídicas de estado parte 2) nos está haciendo perder más tiempo todavía.

– El tribunal europeo de Derechos Humanos ha desestimado nuestra petición de reconocimiento de la violación de los mismos (ningún asombro).

– Deberían llegar en breve novedades por parte del tribunal de Derechos Europeos al cual ya hemos recurrido para denunciar la ilegitimidad de la OEDE (Orden Europea de Detención y Entrega) emitida en el 2019 (ilegalidad por violación del principio de especialidad, uno de los pilares del derecho europeo a raíz del cual Gabriel no hubiera podido ser detenido).Gabriel manda un fuerte abrazo cargado de coherencia y determinación a todxs lxs luchadorxs dignxs del mundo.

¡Compañero no estas solo!
¡Gabriel libertad!
¡Todxs libres!
¡Viva la Anarquía!

Para escribir a Gabriel:

Gabriel Pombo Da Silva
C.P. de Mansilla de las Mulas
Paraje Villahierro, s/n
24210 Mansilla de las Mulas
León

Traducimos y compartimos el siguiente texto de la petición para exigir la libertad de Leonard Peltier, que en estos momentos tiene COVID y debe salir inmediatamente para que sea ingresado en un hospital.

El viernes 28 de enero, Leonard Peltier dio positivo en la prueba de COVID-19 en la Penitenciaría Federal Coleman I de los Estados Unidos. La vida de Leonard está en peligro debido a su edad y a su estado de salud. Sus partidari*s y su familia piden urgentemente que se firme esta petición pidiendo su traslado inmediato a un hospital médico debidamente equipado para el tratamiento del COVID. También se pide al presidente Joe Biden que conceda inmediatamente la clemencia a Leonard Peltier.

ÚNETE A NOSOTR*S PARA SALVAR LA VIDA DE LEONARD PELTIER – FIRMA LA PETICIÓN:

1. Traslada a Leonard Peltier sin demora a un hospital para que reciba tratamiento por COVID.
2. Presidente Joe Biden, escucha al pueblo, ¡concede hoy mismo la clemencia a Leonard Peltier!

Cada día que pasa sin que Leonard sea tratado en un hospital pone en peligro su vida.

Pedimos el traslado inmediato de Leonard a un hospital. El aislamiento en la cárcel no es cuidado. Es someterlo a una posible sentencia de muerte sin una intervención médica adecuada.

Leonard tiene 77 años. Tiene serios problemas de salud que complican gravemente a alguien de su edad con COVID: diabetes, un aneurisma aórtico abdominal, enfermedad renal, hipertensión arterial y ha sido operado a corazón abierto.

La Oficina de Prisiones no protegió a Leonard de COVID. La Oficina de Prisiones debe actuar inmediatamente para salvar su vida.

Es inconcebible que no se le haya administrado la vacuna de refuerzo a tiempo para evitar el contagio de COVID. Una vacuna de refuerzo asegura una probabilidad mucho mayor de supervivencia. El hecho de que la Oficina de Prisiones no haya administrado la tercera vacuna a l*s pres*s a tiempo significa que ahora están obligad*s a hospitalizar a Leonard Peltier inmediatamente. Debe recibir el tratamiento más agresivo disponible para asegurar una mayor tasa de supervivencia, como anticuerpos monoclonales, y ciertamente oxígeno para evitar el estrés y las lesiones en su cuerpo.

Organizaciones y personas destacadas de Estados Unidos y de todo el mundo piden urgentemente su libertad. 46 años de prisión no es justicia, es un castigo indignante para un hombre que es inocente. Incluso el fiscal de su juicio, James H. Reynolds, dice ahora: «Me he dado cuenta de que el enjuiciamiento y el continuo encarcelamiento del Sr. Peltier fue y es injusto».

Leonard Peltier es un reconocido preso político, encarcelado injustamente durante 46 años. Es Anishnaabe y Lakota, miembro inscrito de la Reserva de la Montaña Tortuga en Dakota del Norte. Desde muy joven, Leonard defendió activamente a su pueblo contra el racismo brutal y la pobreza.

El caso de Leonard Peltier es una de las condenas más atroces e injustas de la historia moderna de Estados Unidos. El encarcelamiento de Leonard durante 46 años es otro ejemplo de la política genocida del gobierno hacia las naciones nativas y la negación de su soberanía. Como miembro del Movimiento Indio Americano, fue uno de los jóvenes que acudió a ayudar a proteger a la asediada comunidad de ancian*s y jóvenes de la reserva de Pine Ridge en junio de 1975, donde más de 60 miembros de la Nación Oglala Lakota habían sido asesinad*s durante un periodo de tres años. Como pueblo tradicional, fueron señalad*s y tratad*s brutalmente por oponerse a un líder tribal extremadamente corrupto, Dick Wilson.

Durante la terrible violencia ejercida contra residentes inocentes en Pine Ridge, en un incidente completamente provocado por el FBI, dos agentes de paisano asaltaron el campamento por una supuesta orden judicial. En el tiroteo que siguió, murieron los dos agentes y un nativo.

Tres hombres fueron acusados de asesinar a los agentes del FBI. Dos de los acusados, Bob Robideau y Dino Butler, fueron absueltos por un jurado totalmente blanco alegando defensa propia. Pero el tercer acusado, Leonard Peltier, se había refugiado en Canadá y no fue juzgado al mismo tiempo. El FBI decidió entonces que pagaría el precio de los tres hombres, a pesar de su inocencia.

Claudio Lavazza es un anarquista de acción que ha pasado los últimos 25 años en cárceles españolas y francesas. Militante en la agitación armada de la década de 1970, después de ser encarcelado en Italia por las actividades de los PAC (Proletarios Armados por el Comunismo),su vida se pasó entre la clandestinidad, la fuga y una enemistad obstinada y nunca interrumpida contra bancos y autoridades, así como una solidaridad siempre disponible con los movimientos subversivos que halló en su camino.

Detenido en 1996 en España tras un tiroteo a raíz de un robo en un banco que salió mal, se involucró en la lucha contra las prisiones especiales de España, el régimen de la FIES al que fue sometido durante 8 años. Después de 24 años de cárcel, fue extraditado a Francia (en julio de 2018) donde le esperaba una condena de 10 años de cárcel por un importante robo en una sucursal del Banque de France en 1986.

Pese a que la legislación de la Unión Europea establece que la acumulación de condenas cumplidas en España puede absorber esta condena, y que Claudio debería haber sido puesto en libertad el 11 de diciembre, el fiscal del juzgado de Mont-de-Marsan , que se encarga de su caso, sigue utilizando excusas y pretextos para retrasar la liberación de Claudio. Se trata de una nueva venganza del Estado para castigar a un revolucionario consecuente que nunca ha negado su pasado y sigue afirmando la necesidad y el valor de la lucha contra el Estado y el Capital.

A partir del próximo 7 de enero, con la reapertura de las oficinas judiciales francesas, hacemos un llamamiento a la movilización para que las autoridades responsables desbloqueen la liberación de Claudio. En breve también estará disponible un cartel de solidaridad internacional anarquista en varios idiomas (se distribuirá una dirección de correo electrónico para solicitar copias).

Los datos de contacto de las autoridades responsables de prorrogar la prisión de Claudio son los siguientes:

La fiscal adjunta Céline Bucau Celine.Bucau@justice.fr

Secretaría del ministerio fiscal +33 5 24290418

Registro de ejecución de sentencias+33 5 24280457

Juzgado judicial de Mont-de-Marsan 249, avenue du Colonel Rozanoff 40011 Mont-de-Marsan cedex

También estamos actualizando la dirección para escribir a Claudio (¡es importante que las autoridades penitenciarías sepan en estos momentos que Claudio no está solo ante el acoso judicial!), ya que nuestro compañero fue trasladado recientemente a una sección “para condenados definitivos”. en la misma cárcel donde se encuentra desde su llegada a Francia:

Claudio Lavazza
 Numero d’ecrou 11818
 Etablisement  penitentiaire Mont de Marsan
 CD1, Cellule 51
 Chemin de Pemegnan BP90629
 40000 Mont de Marsan (France)

Este mes hemos sacado un nuevo “Desde Dentro – La voz de lxs presxs” un tanto especial, porque estamos de aniversario! El fanzine cumple 5 años!

Fanzine + poster – 1,50€

Si estás interesadx contacta con nosotrxs a través del correo electrónico:

fuera_del_orden@riseup.net

A las olvidadas es una iniciativa feminista, cultural, solidaria, poética y sobre todo transformadora, dentro y fuera de las prisiones.

1. Piénsalo bien.

Sin juzgar por favor. Ponte en sus rejas.

2. Hazte con él.

Puede ser nuevo, de segunda mano o tuyo. Lo importante es que esté pensado y en buen estado.

3. Escribe una dedicatoria.

En las primeras páginas del libro. La dedicatoria es lo más importante de todo. Es el creo en tí. El abrazo. El te espero fuera. No llevamos libros sin dedicar a los encuentros.

4. Opcional.

Si quieres/puedes incluye una nota con tu nombre completo y la razón por la que has elegido este libro y no otro.

Animaros a participar en la campaña. Podéis ir dejando desde ya libros en Dlibros (Torrelavega), y en La Libre (Santander). En cuanto confirmemos más espacios, lo difundiremos.

Tenéis hasta el 5 de enero de 2022.

¡Salud!

Rebelión en las cárceles de EE. UU.: 1971 – 2021, es un fanzine que sacamos el 9 de septiembre de este año, el 50 aniversario del motín en la prisión de Attica. Donde se hace un recorrido por algunas luchas por parte de personas presas, ocurridas en diferentes cárceles de Estados Unidos, contra la esclavitud y por la abolición de las prisiones.

Más abajo compartimos un extracto del texto de Dori Toribio, sobre el oscuro negocio de las cárceles privadas.

Pincha en la imagen para descargarlo

El oscuro negocio de las cárceles privadas en EE.UU.

Estados Unidos es el país del mundo con más gente en la cárcel. Más de un millón y medio de personas están en prisiones estatales o federales, cifra que asciende a más de dos millones si se suman las detenciones en cárceles locales, centros de menores o de inmigrantes y dependencias militares. Negrxs e hispanxs son los grupos más numerosos. Esto equivale a la cuarta parte de lxs presxs de todo el planeta, aunque Estados Unidos solo representa el 5% de la población mundial. La red de prisiones cuesta 80.000 millones de dólares al año, una tercera parte de todo el presupuesto del Departamento de Justicia. La masificación de las cárceles estadounidenses es un problema enquistado. Pero solo es la punta del iceberg.

La población carcelaria no ha dejado de aumentar en las últimas cuatro décadas. Especialmente la de las cárceles privadas. Mientras que entre 2000 y 2010 la población carcelaria general creció un 18%, el número de presxs en cárceles privadas aumentó en torno a un 80%. En 2013, el 8,4% de los presxs en Estados Unidos estaba en centros penitenciarios privados, según datos del Departamento de Justicia. Hoy la cifra es mayor. Hay 130 cárceles privadas en 30 estados del país, con 157.000 camas. Y son dos grandes empresas las que controlan el 80% del negocio: CCA (Corrections Corporation of America) y el grupo GEO. Sus beneficios en 2011 fueron de 1.700 millones de dólares y 1.600, respectivamente. Estas compañías han multiplicado un 500% sus ganancias y valor bursátil en las últimas dos décadas.

Las cifras son tan aplastantes como desconocidas. Poco se habla de las cárceles privadas en Estados Unidos. Y poco se sabe de la presión política que ejercen estas empresas, su relación con las políticas de inmigración o su papel real en las elecciones estadounidenses. Pero sí está claro cómo han llegado hasta aquí.

La privatización de los centros penitenciarios en el país comenzó en 1983, cuando Jack Massey creó la primera gran compañía carcelaria, CCA. Los gobiernos federales y estatales tenían un largo historial de contratación de servicios externos puntuales. Pero no fue hasta la década de los 80, con la consolidación de la declarada «guerra contra las drogas» del gobierno de Ronald Reagan, cuando aumentó la población carcelaria exponencialmente y surgieron los problemas de masificación y aumento de gasto público.

Las políticas criminales se expandieron, las tasas de encarcelamiento aumentaron y las empresas privadas empezaron a ver una mayor oportunidad de negocio. Sus servicios fueron aumentando hasta gestionar complejos carcelarios enteros. En 1984 por primera vez un gobierno local contrató a CCA para operar la cárcel de Hamilton County, en Tennessee. Las primeras cárceles privadas aparecieron en pequeños pueblos con las mismas reglamentaciones que las prisiones públicas y bajo la promesa de aliviar la masificación carcelaria, garantizar puestos de trabajo, abaratar costes y aumentar beneficios. Pero poco a poco los controles gubernamentales se fueron relajando y las cárceles privadas se multiplicaron.

La industria de las prisiones privadas surgió en Estados Unidos en la década de los 80, pero no fueron diseñadas por expertos de justicia criminal con las mejores prácticas, sino por empresarios que ven en ella un negocio muy lucrativo, es un negocio que agrava el problema penitenciario. Las grandes corporaciones de cárceles privadas insisten en la responsabilidad social y humana de su gestión. Prometen instalaciones seguras, programas de reducción de la reincidencia y transparencia en los contratos con los gobiernos locales. Y aseguran que hacen un mejor trabajo, por menos dinero, regalando un importante ahorro a lxs contribuyentes. El último informe de In the Public Interest (ITPI) asegura que, después de estudiar la letra pequeña de 62 contratos de empresas de prisiones privadas con gobiernos locales, han llegado a la conclusión de que el 65% contiene cláusulas que obligan al estado a garantizar una ocupación mínima del 80-100% de las camas, aunque la tasa de criminalidad disminuya. Los porcentajes varían dependiendo del estado y el tipo de acuerdo sellado. Los estados les garantizan una población carcelaria mínima, independientemente de la tasa de crimen. Y lo hacen porque estas compañías cobran entre 45 y 60 dólares diarios por cada presx.

La mitad de lxs inmigrantes detenidxs en Estados Unidos termina en cárceles privadas y la Agencia de Migración y Aduanas (ICE) tiene contratos millonarios con estas empresas. CCA y GEO han más que duplicado sus ingresos relacionados con la detención de inmigrantes desde 2005.

Dori Toribio